El mes pasado, Tom Hayes levantó el puño en el aire frente al Tribunal Supremo de Reino Unido rodeado de amigos y simpatizantes. El antiguo trader de UBS y Citigroup, rostro visible de uno de los mayores escándalos financieros desde la crisis financiera de 2008, logró algo que durante años parecía imposible: cuatro años y medio después de su salida de la cárcel, su condena por manipulación del tipo de interés de referencia libor había sido revocada.
Los fiscales comenzaron a investigar la supuesta manipulación de múltiples tipos de interés de referencia a ambos lados del Atlántico hace más de una década. Desde entonces, más de una docena de condenas han sido anuladas por diversas razones, entre ellas errores técnicos y cambios legales.
En conjunto, los veredictos socavan el mayor conjunto de procesamientos por delitos financieros a nivel mundial desde el año 2008, lo que abre la puerta a nuevas apelaciones. También plantean dudas sobre si los fiscales se verán incapaces o no estarán dispuestos a llevar a juicio casos de delitos financieros parecidos en el futuro.
Enemigos públicos
La crisis financiera de 2008 provocó que los banqueros fueran considerados el enemigo público número uno. El movimiento Occupy Wall Street, que se extendió desde Nueva York a Londres y otras ciudades del mundo, hizo que los manifestantes se preguntaran: ¿Por qué ninguno de ellos ha ido a la cárcel?
La crisis llamó la atención de las autoridades sobre el libor, un tipo de interés de referencia en el que se basan contratos financieros por valor de unos 300 billones de dólares, como hipotecas, préstamos estudiantiles y derivados. Cuando los mercados crediticios se paralizaron, las autoridades se preguntaron: ¿Por qué las cifras de algunos bancos no reflejan el caos?
El libor no causó la crisis financiera, pero llevó a las autoridades a empezar a investigar casos sobre su manipulación para que los bancos parecieran más sólidos de lo que eran y para que los operadores obtuvieran beneficios personales.
Multas milmillonarias
Esas investigaciones dieron lugar a multas de miles de millones de dólares a los bancos y al enjuiciamiento de decenas de banqueros, no solo por el libor, sino también por el euribor. A partir de 2013, la supuesta manipulación del tipo de referencia de divisas, el Forex, también fue objeto de escrutinio.
En 2020, más de 20 personas habían sido condenadas por la manipulación del libor, el euribor y el Forex, entre ellas el trader británico Tom Hayes. Los casos fueron unas de las mayores investigaciones de este tipo de la historia.
Pero desde entonces se han desestimado múltiples condenas. En julio, el Tribunal Supremo británico anuló la condena de Hayes junto con la del extrader del euribor Carlo Palombo, y un tribunal estadounidense revocó la condena de Mark Johnson, exoperador de divisas de HSBC. Al menos otros cinco operadores tienen previsto recurrir sus sentencias. ¿Acabará en nada una década de procesamientos?
Hayes se convirtió en el símbolo del escándalo del libor cuando fue enviado a prisión en 2015 por conspirar para manipular el índice. Afirmó que había sido el chivo expiatorio del sector y reclamó su reivindicación el mes pasado, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que los miembros del jurado de su juicio original habían sido mal informados. La sentencia del Tribunal Supremo no fue una exoneración total, ya que los jueces consideraron que había «pruebas suficientes» que podrían haber servido de base para la condena. Sin embargo, socavó una teoría fundamental sobre la manipulación de los tipos de interés en la que se habían basado los fiscales y ha allanado el camino para nuevas apelaciones.
En 2022, una sentencia estadounidense exoneró a dos ex operadores del Deutsche Bank días después de que se anulara la condena de un ex banquero del HSBC por manipulación del mercado de divisas. Ahora, cuatro antiguos operadores de Barclays -Jay Merchant, Jonathan Mathew, PhilippeMoryoussef y Alex Pabon- y Christian Bittar, antiguo trader estrella de Deutsche Bank, también se han propuesto limpiar sus nombres.
«Los jueces de los casos de la mayoría de los operadores bursátiles condenados en Reino Unido dieron una información al jurado que ahora ha sido declarada errónea por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, tenemos la esperanza de que se revoquen más condenas de este tipo«, señala Tom Bushnell, abogado que representa a algunos de los miembros del grupo que ha presentado el recurso.
Futuros casos
Los abogados afirman que las sentencias dificultarán la labor de los fiscales en futuros casos de manipulación de tipos de interés, al elevar el umbral legal para obtener condenas. Entre ellas se encuentra una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló una teoría jurídica en la que se basaron los fiscales en el caso Johnson.
En 2013 en Reino Unido se tipificó como delito la manipulación de los tipos de interés, pero Maia Cohen-Lask, abogada del bufete Corker Binning, afirma que cada vez es más improbable que se procese a un banquero por dicha infracción: «La ley fue una reacción instintiva a los problemas del momento para anular la percepción de que la autoridad financiera de Reino Unido carecía de poder para procesar penalmente la manipulación de los índices de referencia. Pero Hayes y otros operadores fueron procesados en virtud de leyes más amplias contra el fraude, lo que significa que nadie ha sido procesado nunca por este delito».
A raíz de la crisis financiera, se destinaron más recursos a los fiscales para que persiguieran a los banqueros por la manipulación de los índices. La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO, por sus siglas en inglés) recibió una financiación especial para llevar a cabo una investigación sobre el libor. Los bancos, aún convalecientes de las heridas a su reputación sufridas en 2008, firmaron acuerdos judiciales por valor de miles de millones de dólares sobre el libor, el euribor y el Forex, que entonces movía cinco billones de dólares al día.
«Los casos se produjeron en un contexto de presión política y pública que dio lugar a la idea de encontrar a alguien a quien culpar, de que los banqueros habían actuado mal«, opina Alexandra Shapiro, abogada que ayudó a revocar la condena de Mark Johnson.
La presión ejercida sobre las autoridades de Reino Unido y Estados Unidos para que encarcelaran a banqueros provocó tensiones sobre quién capturaría al pez más gordo. Entre ellos se encontraba Hayes, quien afirmó haber sufrido una «crisis nerviosa» cuando le comunicaron que podría enfrentarse a una pena de prisión de varias décadas en EEUU antes de ser juzgado finalmente en Reino Unido.
Desde entonces, la aplicación de la ley contra estos casos ha cambiado radicalmente. La Administración Trump ha señalado que los jueces deben centrarse en áreas como la evasión de aranceles y el fraude sanitario. Ha eliminado varios grupos de trabajo contra estos delitos de la era de Joe Biden y ha dado instrucciones a los fiscales para que encuentren un equilibrio entre la necesidad de tomar medidas enérgicas contra las irregularidades financieras y la de evitar «extralimitaciones que castiguen la asunción de riesgos y obstaculicen la innovación».
Mientras tanto, la SFO ha sufrido un golpe a su reputación, y las medidas para fomentar el crecimiento económico están llevando a una desregulación en Reino Unido. «Creo que la opinión pública ha cambiado sustancialmente desde que comenzaron estos procesos judiciales», señala Bushnell.
David Green, director de la SFO en aquel momento, afirma que las investigaciones sobre el libor «encajaban con el tipo de casos que la SFO debía investigar». Sin embargo, varias jurisdicciones consideraron desde el principio que la supuesta manipulación de los tipos de interés no constituía un delito penal, como un tribunal de Fráncfort en 2016. Según Cohen-Lask, «en el momento de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Hayes, el sistema de justicia penal de Reino Unido era una excepción a nivel mundial».
Algunos sostienen que los casos de manipulación de tipos nunca deberían haber dado lugar a acusaciones penales. Sin embargo, a otros les preocupa que las consecuencias de la anulación de las investigaciones sobre estos casos puedan tener un efecto disuasorio en futuros procesos judiciales.
Susan Hawley, fundadora de la organización sin ánimo de lucro británica Spotlight on Corruption, afirma: «Lo más peligroso sería que las fuerzas del orden y las autoridades reguladoras de los grandes centros financieros llegaran a la conclusión de que no vale la pena iniciar procesos judiciales financieros complejos».
Procedimientos
Y Nick Vamos, abogado penalista de Peters & Peters en Londres, señala: «Después de 10 años de procedimientos penales y de que los bancos hayan pagado enormes multas, nunca sabremos qué habría concluido un jurado debidamente informado en los casos del libor. Esto constituye un profundo fracaso de la justicia penal a la hora de abordar el presunto fraude en los mercados financieros».
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