El Gobierno admite que el rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra tendrá un impacto en el déficit público, pero intentará minimizarlo para lo que asumirá y volverá a sacar a concurso esas concesiones en 2018. De esta forma, con los fondos que recaude por la nueva licitación paliará en parte el coste de la llamada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), que obliga por ley al Estado a asumir las concesiones cuando estas se liquiden judicialmente, informaron en fuentes del Ministerio de Fomento.
