El Gobierno ha aprobado este viernes un Real Decreto para desarrollar la ley de desindexación, que está en vigor desde 2015 y que prohíbe con carácter general en el ámbito público las revisiones periódicas y predeterminadas de precios, rentas y contratos públicos teniendo en cuenta la inflación. Sin embargo, esta norma no afecta a muchos precios del día a día que desde hace tiempo ya no se revisan según el IPC como los billetes de los autobuses municipales o los medicamentos. Y el Ejecutivo permitirá que estos precios contemplen las subidas de materias primas y productos energéticos como el combustible por considerarse altamente volátiles. Es decir, esta legislación surge con menos fuerza de lo anunciado tras haberse aferrado el Gobierno a ella para defenderse de los titulares de la inflación.
