El Tribunal Supremo vuelve a avalar la reforma eléctrica del Gobierno del PP con la que se instauró el recorte a las renovables. En una sentencia el alto tribunal desestima el recurso que 25 instalaciones fotovoltaicas de Castilla-La Mancha presentaron contra la regulación de 2014. El Supremo, en un fallo al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que el cambio regulatorio no vulneró los principios constitucionales de irretroactividad ni el de seguridad jurídica, como alegaban los afectados, y que estos no tienen derecho a indemnización.
