La sorpresiva decisión del Gobierno de consultar a la ciudadanía antes de fijar posición en relación con esta opa hostil complica la intención de Carlos Torres de afrontar agosto con la opa ya concluida. Es decir, con la opinión de los accionistas ya expresada.
La Ley de Defensa de la Competencia dice que el Gobierno tiene 15 días hábiles desde que recibe el dictamen de la CNMC para decir si eleva una operación de concentración al Consejo de Ministros. Por tanto, el plazo acabaría el 22 de mayo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron ayer que la entrada del documento en el registro del Ministerio no se produjo hasta ayer, debido al puente festivo. Y que eso alarga todo al 27 de mayo.
A partir de ahí, el Gobierno dispone un mes natural para estudiar la opa y establecer exigencias extra a BBVA por razones de interés general. De agotarse, ese plazo concluiría el 26 de junio.
Si el Gobierno endurece los requisitos de la operación y a BBVA le siguen saliendo los números (es decir, no suspende la opa), la CNMV entraría en acción. El regulador bursátil lleva meses intercambiando borradores del folleto con BBVA y está muy avanzado. Lo lógico es que su autorización sea cosa de muy pocos días, tal vez dos o tres.
Los plazos son enormemente ajustados, pero si Carlos Torres se decanta por una opa exprés de alrededor de 30 días, el mínimo legal en este caso concreto, el banquero podría dejarla concluida antes de agosto, un mes a evitar porque muchos accionistas estarán de vacaciones.
Si el Gobierno no cumple el plazo legal de un mes, la mejor alternativa para BBVA sería decantarse por el máximo legal de 70 días, de forma que el tramo final del período de aceptación (el clave) se produzca entrado septiembre.
Lo habitual en las opas es que la inmensa mayoría de adhesiones se produzca en la última semana, por la expectativa de que el comprador suba el precio en el último momento. Carlos Torres lo ha descartado en innumerables ocasiones. Además, la cotización de BBVA podría resentirse si lo hace, lo cual empeoraría el valor de la ecuación de canje. Sin embargo, los analistas lo ven probable. BBVA elevó un 23% el precio de la opa que lanzó sobre el turco Garanti hace tres años.
Si la opa triunfa, el plan de Carlos Torres es cesar a los consejeros de Sabadell para sentar a algunos de sus hombres fuertes.
El Gobierno tiene potestad legal para vetar la fusión. Es decir, la integración de Sabadell y BBVA en un único banco. En ese caso, Carlos Torres tendría que mantener a Sabadell como filial, con la consiguiente reducción de sinergias, y esperar un cambio de signo político para intentarlo de nuevo.