Los gobiernos de Alemania, Italia, Portugal y España dificultan las fusiones y los ejecutivos interfieren operaciones de empresas privadas.
Finalmente, UniCredit ha renunciado a proseguir con la oferta de compra que había lanzado hace unos meses sobre su competidor BPM como consecuencia de las condiciones que las autoridades italianas habían establecido para que la oferta pudiera llevarse a cabo. La Comisión Europea había pedido explicaciones al Gobierno italiano precisamente por esas condiciones.
No es la única intervención gubernamental que ha tenido lugar en estos meses a la hora de analizar operaciones de compra de entidades financieras europeas por parte de otros bancos, sean del mismo país o no. UniCredit también mantiene un contencioso con el Gobierno alemán a cuenta de su intento de tomar la mayoría del capital de Commerzbank para fusionarlo con su filial en aquel país, HypoVereinsbank.
El Gobierno portugués dejó claro que no quería que CaixaBank se hiciera con el control de Novo Banco (donde el Estado luso conserva el 25% del capital), ya que Lone Star quería vender el 75% de esa entidad.
Las autoridades portuguesas dieron como razón que el sector financiero portugués ya está en una proporción significativa en manos de grupos financieros españoles.
El grupo francés BCPE se hizo con el 75% de Novo Banco por 6.700 millones de euros, una cifra considerada elevada por algunos analistas y que sirvió para que algunos operadores financieros señalaran que «los bancos franceses suelen comprar caro y vender barato», recordando operaciones de entrada y salida llevadas a cabo en varios países hace algunos años que no resultaron positivas para los compradores.
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por la actuación del Gobierno a la hora de permitir la oferta de compra de Sabadell por parte de BBVA imponiendo condiciones. «Determinadas disposiciones de la legislación bancaria española en materia de competencia otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para interferir en fusiones y adquisiciones de bancos», asegura.
Unos meses antes, desde Bruselas se había señalado: «No conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alinee con las decisiones de las autoridades competentes».
No había sido así. El Ejecutivo decidió, después de poner en marcha una sorprendente consulta pública cuyos resultados globales mostraban que no se consideraba que hubiera problemas de interés general provocados por la oferta presentada, que sí los había y acordó prohibir la hipotética posterior fusión de las dos entidades, si la oferta prosperara, durante un periodo de al menos tres años, ampliables a cinco.
Todas estas actuaciones no dejan de ser contradictorias con los mensajes proeuropeístas que se emiten desde estos mismos gobiernos, y ponen palos en las ruedas de la libertad empresarial, que busca entre otras cosas la creación de entidades más fuertes.
Son contradictorias como cuando se dice que se quiere continuar con la construcción europea, con terminar de una vez por todas la unión bancaria, con poner en marcha la iniciativa de ahorro e inversión que busca que el dinero europeo se quede en la Unión Europea y no viaje en cantidades significativas hacia Estados Unidos, o en el intento de que el euro digitaltermine con el monopolio de que los sistemas de pagos descansen sobre dos compañías norteamericanas (Visa y Mastercard) en aras de avanzar en la autonomía estratégica europea.
Y entre tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avisa a los representantes del sector financiero que tiene la intención de que en el otoño se recupere el proceso de tramitación de creación de la Agencia de Defensa del Consumidor Financiero, que duerme el sueño de los justos en algún cajón del Congreso y que no es precisamente un proyecto por el que suspiren las entidades financieras que se verían afectadas por su puesta en marcha, porque, entre otras cosas, supondría un nuevo coste, ya que está previsto que sean los bancos, compañías aseguradoras y gestoras de inversión colectiva quienes sufraguen los gastos de la agencia.