El sistema de financiación de las comunidades autónomas no es más que la fórmula por la cual se reparte el dinero obtenido por algunos impuestos cedidos a estas administraciones (el 50% del IRPF, 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales) para que puedan prestar los servicios públicos básicos (sanidad, educación, servicios sociales y dependencia) y ejercer otras competencias que algunas han asumido (como la justicia o la policía autonómica, por ejemplo).
