El Banco Popular experimentó una fuga de depósitos superior a 9.331 millones entre abril y mayo, coincidiendo con un periodo en el que las agencias de rating acometieron sucesivas rebajas en la calificación crediticia de la entidad. Esta circunstancia hizo que algunos grandes inversores institucionales (ayuntamientos y comunidades autónomas entre otros) que tenían buena parte de los depósitos de este banco, empezaran la paulatina retirada del dinero. Algunos de estos tienen normas según las cuales no pueden depositar los fondos en entidades con una baja clasificación de riesgo.
