El Tribunal Supremo ha tirado abajo el llamado bono social eléctrico, la tarifa subvencionada que se aplica a los consumidores con bajos ingresos, al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. La sentencia considera que el coste de ese descuento se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no el Estado no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención..
