El plan Prepara había finalizado el pasado 15 de agosto y no pudo renovarse automáticamente como en las últimas ediciones. La tasa de paro bajó en primavera del 18%, umbral que marcaba la renovación inmediata; y el Tribunal Constitucional había declarado ilegal la forma en que se gestionaba hasta ahora, directamente por los servicios públicos de empleo. Ahora seguirá siendo así, pero mediará una encomienda por parte de las comunidades autónomas que sorteará el veto jurídico.
