“Ahora resulta que ser mileurista es un privilegio”, suspira Antonio, un nombre ficticio. Este vigilante de seguridad no se hace a la idea de que desde febrero los casi 1.100 euros netos que cobraba por vigilar un centro de atención al refugiado (CAR) bajan a algo más de 700 euros. “De repente tenemos que vivir con un 40% menos de sueldo, y resulta que quien nos contrata es el Ministerio de Empleo”, lamenta echándose las manos a la cabeza. Dos compañeros le escuchan en una cafetería de Madrid y cuentan los problemas que van a tener a partir de ahora para llegar a final de mes.
