Turquía, país candidato a integrarse en la UE, presenta un retrato complicado o, para los más pesimistas, enmarañado. Es uno de los pocos países que se han atrevido a aplicar una política económica anticíclica (programas de inversiones a través de fondos públicos), el crecimiento se ha basado en la inversión y en el consumo, la deuda privada es alta y la pública baja. Sin embargo, las tasas de crecimiento hasta 2016 han sufrido un freno importante por factores políticos de primer orden, desde la inestabilidad derivada de las convulsiones políticas internas hasta la participación en conflictos bélicos y los ataques esporádicos del terrorismo. Los avances estadísticos indican que el crecimiento se ha disparado en 2017, pero sería prudente esperar a las confirmaciones. Es una economía con voluntad de crecimiento, con impulso de dinero público y margen de acción del Estado; pero aparece marcada por el estigma político que se traslada al ámbito institucional.
