El presidente de Abanca reclama que se revise el exceso de regulación en la Unión Europea.
Juan Carlos Escotet,presidente y principal accionista de Abanca, se suma a las críticas de todo el sector -de forma individual y corporativa- al impuesto a la banca en España.
El banquero, que participó en una mesa redonda esta mañana en Santiago de Compostela durante el séptimo Congreso de Directivos organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), invitó a que se revierta la máxima de que «Estados Unidos innova, China produce y Europa regula» en un momento en el que Europa tiene «retos gigantescos» y ante la falta de una plena integración en el viejo continente que tildó de «quimera» al carecer de reglas comunes en materia financiera.
Escotet ha afirmado que el riesgo geopolítico «es el más acentuado y más comprometido», con «más de 50 guerras en el mundo». A esto se suma que la victoria de Trump y su vuelta a la Casa Blanca a partir de enero «cambia el tablero de juego».
Globalización híbrida
El presidente de Abanca ha explicado que el ‘local to local’ y el ‘friend shoring’ –primar las relaciones comerciales con aliados geopolíticos– que Estados Unidos «sí se puede permitir» supondrá un «cambio en la forma de ver la globalización», aunque esta continuará pero «de manera híbrida». Todo ello sin dejar de lado la crisis de la Covid-19, que produjo en todo el mundo una «ruptura de las cadenas de suministro».
Asimismo, Escotet ha reconocido que le «preocupa mucho» las diferencias en las políticas de transición verde que observa entre Europa, China y Estados Unidos, algo que genera «pérdida de ventaja competitiva».
El presidente de Abanca también ha reflexionado sobre el aumento de los ciberataques, un problema derivado de los conflictos bélicos internacionales. Para su entidad, es fundamental contar con «mecanismos de contingencia bien definidos» para garantizar «resiliencia operativa».
La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, encargada de inaugurar la jornada, ha defendido medidas que se implantarán próximamente, cuando entren en vigor los Presupuestos para 2025 y la ley de medidas que los acompañan, como que los proyectos eólicos e hidráulicos deberán destinar a usuarios e industrias gallegas el 50 por ciento de la energía producida.