El Tribunal General de la Unión Europea ha zanjado el conflicto sobre el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) a las zonas rurales menos pobladas y ha declarado ilegales las ayudas que otorgó la comunidad de Castilla-La Mancha. El tribunal desestima los recursos presentados por España, de un lado, y Abertis Telecom (hoy Cellnex) y Telecom Castilla-La Mancha, de otro, y considera que los 46 millones de fondos públicos adjudicados para llevar las señales de los canales a territorios remotos, menos urbanizados y sin cobertura deben ser recuperados. España ha alegado que esta medida implicaría el corte de las emisiones y que “los ancianos” y otros grupos sociales “desfavorecidos” dejarían de ver la televisión.
