La Comisión Europea eleva la presión a los gobiernos que tratan de frenar operaciones de concentración entre bancos. Al de Italia le remitió hace días una carta cuestionando las condiciones impuestas a UniCredit en la compra de BPM, y al español acaba de abrirle un procedimiento de infracción por entender que las leyes en las que se ha amparado para vetar durante al menos tres años la fusión de BBVA con Sabadell son contrarias a la legislación comunitaria.
Economía defiende haber actuado con base en diversos precedentes y en la normativa nacional, pero España podría recibir una sanción si al ejecutivo comunitario no le convencen sus explicaciones sobre la conveniencia de fijar condiciones adicionales a la opa. Lo cual plantea la cuestión de hasta qué punto los Estados miembros están respetando el marco de soberanía cedida a Bruselas en materia de supervisión financiera, que es parte troncal de la arquitectura institucional de la UE, y especialmente de la unión bancaria.
Las instituciones comunitarias tienen atribuida la supervisión de las entidades financieras de tamaño medio y grande de la zona euro. De hecho, la opa de BBVA sobre Sabadell fue analizada y autorizada por la propia Comisión Europea y el BCE dentro del proceloso proceso de autorizaciones de las distintas autoridades económicas, que se prolongó durante once meses hasta el visto bueno final de Competencia.
Pero el Gobierno decidió orillar los dictámenes técnicos y atenerse a las opiniones recabadas en una insólita consulta online y entre sus ministerios. Bruselas quiere impedir que se pueda volver a hacer algo así en el futuro.