El Ministerio de Fomento perdió dos años en la reforma de la estiba. Uno con reuniones estériles y otro al estar en funciones. El Gobierno, tras recibir la sentencia del tribunal europeo, podía haber aprobado un decreto y convalidarlo en solitario sin problemas o acelerar un proyecto de ley que hubiera salido con su holgada mayoría. Pero no lo hizo.
