Los responsables de BBVA han señalado que estudiarán las condiciones decididas por el Gobierno y en los próximos días decidirán si mantienen la oferta o desisten de ella.
«Si se hace bien». Fue una coletilla que la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia utilizó en varias ocasiones como frase final cuando se le preguntó por el papel del Gobierno en la fase 3 de análisis de la operación de compra de Sabadell planteada por BBVA. Cani Fernández aclaró que se refería a que dicho análisis se realizara en función de cuestiones ajenas a la competencia y en defensa del interés general como establece la ley en la que se contempla la posible participación del Estado en procesos de concentración empresarial.
La presidenta recordó que, en todo caso, el Gobierno no podía prohibir la operación una vez que la CNMC la había aprobado, reconociendo que la ley no es clara a la hora de determinar qué es lo que puede hacer el Ejecutivo ni tampoco las cuestiones de interés general que deben contemplarse a la hora de analizar cualquier operación de concentración.
En este contexto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llevado al Consejo de ministros una serie de condiciones nuevas para que este diera el visto bueno a la operación que, básicamente se concretan en impedir que los dos bancos, si los accionistas de Sabadell aceptan la oferta presentada por BBVA, se fusionen en un plazo no inferior a tres años y ampliable a cinco con la exigencia de que durante ese periodo las dos entidades mantengan una autonomía suficiente que permita a los dos bancos operar en solitario.
El Gobierno reconoce la posibilidad de que, si BBVA logra un apoyo suficiente de los accionistas de Sabadell, modifique el máximo órgano de control del banco, pero siempre que este cuente con los equilibrios suficientes para garantizar su capacidad de decidir individualmente en lo que se refiere a su política comercial, en especial en lo que se refiera a la política de créditos, sobre todo a pymes; en la política de la red y el empleo.
Los responsables de BBVA han señalado que estudiarán las condiciones decididas por el Gobierno y en los próximos días decidirán si mantienen la oferta o desisten de ella, resguardándose la posibilidad de recurrir a la Justicia si consideran que el Ejecutivo ha sobrepasado lo que se podría considerar ajustado.
Mientras no se conozca la decisión de BBVA, la reacción del mercado ha sido compleja. Una vez que se suspendió la cotización hasta que se conociera la posición del Gobierno, cuando se reanudó, los dos bancos reaccionaron a la baja de manera muy simultánea, recuperando posteriormente BBVA una posición más cercana a la que registraba antes de la suspensión que Sabadell.
La cuestión está en saber si el Gobierno ha hecho las cosas bien al establecer las condiciones que ha decidido o si ha habido otras razones extraeconómicas, y más de índole política, en el momento de su decisión. La presidenta de la CNMC dijo su frase antes de que se conociera la opinión del Gobierno. Su intervención había tenido lugar antes de que terminara el Consejo de ministros.
Por su parte, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, no quiso entrar en cuestiones concretas, pero sí hizo una reflexión relevante al señalar que mientras en Europa las autoridades nacionales «hablan de la necesaria integración de los mercados de capitales», luego adoptan decisiones de defensa de intereses nacionales sin tener en cuenta que lectura hacen de todo ello los inversores institucionales, que cada vez son más relevantes precisamente en esos mercados de capitales.