Este pulso llega en un momento en el que está en juego el futuro de las plantas para que operen más allá de los 40 años, para los que en principio fueron diseñadas. Las eléctricas —dueñas de las cinco centrales activas en España— tienen la vista puesta en los dos impuestos que el Gobierno creó en 2012 para gravar los residuos radiactivos, el gran problema de este tipo de tecnología al generar la electricidad.
