Una de las secuelas de la ofensiva de Hacienda contra el fraude fiscal es el colapso de los Tribunales Económicos Administrativos —los órganos dependientes del Ministerio de Hacienda que revisan la legalidad de las actuaciones de la Agencia y cuyas decisiones sientan doctrina fiscal—. Estos tribunales, los hay de ámbio local, regional y uno estatal, acumulan más de 300.000 reclamaciones pendientes de resolver desde que en 2008 se comenzaron a colapsar.
