Los Gobiernos autonómicos recaudan cada año alrededor de 1.000 millones de euros con este controvertido impuesto. La mayoría de expertos y grandes despachos de abogados han reclamado su supresión al entender que en algunos casos supone una doble tributación. Esgrimen también que las grandes fortunas escapan de este impuesto a través de mecanismos como las socimis. Muchos países lo han suprimido de su sistema fiscal. España es uno de los pocos países europeos que lo mantiene. Sin embargo, los partidos de izquierda lo defienden por su carácter redistributivo.
