La marcha de Cataluña de Sony, Sharp y Yamaha ha dejado tras de sí un millonario legado de reclamaciones fiscales a las empresas españolas que compraron las fábricas de las multinacionales japonesas en los ejercicios 2011 y 2012. La Agencia Tributaria estatal (AEAT) exige 49,7 millones de euros —entre principal e intereses de demora— a Ficosa, Cirsa y el Grupo Sesé por el impuesto de sociedades no pagados por los beneficios que lograron al quedarse por solo un euro unos activos millonarios. Mientras, la Agencia Catalana reclama 10,8 millones por el impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
