Un grupo de inversores mexicanos antiguos accionistas de Banco Popular liderados por Antonio Del Valle, que poseía aproximadamente el 4% del capital de la entidad que fue liquidada hace más de un año, anunció hoy que han iniciado un proceso de arbitraje contra el Reino de España. Acuden al Ciadi, el organismo del Banco Mundial, y al CNUDMI, de las Naciones Unidas. Buscan una compensación por los daños causados, ya que con la liquidación del Banco —ordenada por las autoridades europeas ante la falta de liquidez el 7 de junio de 2017— perdieron toda su inversión (en su caso superaba los 450 millones), como el resto de accionistas. Consideran que la resolución de Banco Popular fue «erróneamente causada por múltiples actos y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución, incumpliendo las múltiples garantías y protecciones establecidas en el Tratado y el derecho internacional aplicable».