Esta historia se remonta a 2012 y deja a España y a su Gobierno en mala, muy mala posición. Alemania o el Eurogrupo, tanto monta, exigió entonces a España quitas masivas, hasta el 70% en algún caso, para las preferentes. Europa quería rebajar el montante del rescate bancario, que de esa manera quedó en unos 40.000 millones, cuando parecía que iban a ser 60.000. La banca internacional recuperó todo su dinero, pero el Eurogrupo exigió a los ahorradores españoles un sacrificio sin precedentes, al contrario de lo que sucede en Italia. Mariano Rajoy y Luis de Guindos aceptaron: después se han felicitado por haber indemnizado a unos 350.000 preferentistas (a través de arbitrajes en los que los bancos designaban al árbitro, nada menos, y después de miles sentencias a favor de los clientes). No había base legal para eso: el Eurogrupo —la institución con menos legitimidad democrática de la UE— usó a España como conejillo de Indias. Bruselas adoptó, basándose en el modelo español, nuevas reglas en julio de 2013. Y el Consejo y la Eurocámara aprobaron una nueva directiva en 2014. El nuevo principio rector estaba clarísimo: si hay nuevos rescates, los acreedores pagarán el pato.
