La Airef, máximo fiscalizador de las cuentas públicas españolas, se ha enfrentado por primera vez a su propia fiscalización a manos del Tribunal de Cuentas. El resultado es doble: un informe que detalla irregularidades menores en materia de contratación y gestión de personal, y el choque entre ambos organismos, que se han enzarzado en la discusión sobre si fiscalizar a la Airef es competencia del Tribunal de Cuentas o no. En el pulso también ha mediado la Abogacía del Estado, que aconsejó no aprobar el polémico informe.
