La sección quinta de la Audiencia Provincial aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a los bancos a devolver el importe de un pago no autorizado por el cliente.
Los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña confirman la condena impuesta a Abanca por el tribunal de primera instancia, que le obliga a devolver 8.874 euros a una clienta víctima de un fraude bancario. La sección quinta de la Audiencia de A Coruña aplica de este modo la reciente sentencia del TJUE que estableció que las entidades bancarias no pueden negarse a devolver de inmediato el importe de una operación de pago no autorizada alegando posible negligencia grave del cliente.
No obstante, el fallo de la Audiencia no es firme, ya que cabe recurso de casación por parte de Abanca ante el Tribunal Supremo.
Según se recoge en la sentencia, el banco no puede oponerse al reintegro del importe alegando una negligencia grave por parte de la ordenante, ya que eso supondría “privar de eficacia la obligación de devolución inmediata e iría en contra de la finalidad de la directiva europea de garantizar una elevada protección de los consumidores”.
En relación con la existencia de fraude por parte de la clienta, el tribunal considera probado que esta fue víctima de un engaño. Para ello, se basa en que la propia entidad bancaria reconoció en la respuesta a la reclamación presentada por la usuaria que las operaciones pudieron realizarse tras el acceso de terceras personas a los datos de la tarjeta. En concreto, Abanca argumentó que “las operaciones sobre la que usted versa su escrito de reclamación, no tuvieron su origen en un deficiente funcionamiento de nuestros sistemas, sino en el posible acceso por terceras personas tanto a la enumeración de su tarjeta y código CW, como a clave de
autenticación, necesarios para su realización. Informarle que para consumar este tipo de delitos…”.Los magistrados entienden que el banco «actuó en contra de la buena fe” al negar posteriormente en el procedimiento judicial unos hechos que ya había admitido.
En la sentencia, que responde al recurso de apelación interpuesto por el banco, también se explica que “la responsabilidad de las entidades proveedoras de servicios de pago por las operaciones no autorizadas tiene carácter cuasi objetivo”, por lo que “deben responder una vez que se les comunica su existencia, salvo que acrediten que el usuario cometió fraude”. En este caso, el tribunal señala que el banco no aportó pruebas que justificasen esa excepción.
El tribunal concluye que el banco “no ha cumplido con su obligación de devolver de inmediato el dinero a su clienta” y solo cuando lo haga “podrá reclamar su reembolso si considera que ha existido una negligencia grave por parte de la ordenante”.