El Gobierno quiere frenar los abusos de la banca en las hipotecas que han terminado, en ocasiones, en largas y costosas sentencias judiciales por algunas cláusulas abusivas, desahucios y falta de transparencia en la venta del producto. Para ello cambiará las normas y rebajará las comisiones que se pagan ahora y exigirá mayor implicación de los notarios y registradores (a los que amenaza con más sanciones) para que no puedan dar el visto bueno a cláusulas anuladas en sentencia firme.
