El Gobierno quiere frenar los abusos de la banca en las hipotecas que han terminado, en ocasiones, en largos y costosos procesos judiciales por algunas cláusulas abusivas, desahucios y falta de transparencia en la venta del producto. Para ello cambiará las normas y rebajará las comisiones que se pagan ahora y exigirá mayor implicación de los notarios y registradores (a los que amenaza con más sanciones) para que no puedan dar el visto bueno a cláusulas anuladas en sentencia firme. El objetivo final es abaratar los costes para elevar la competencia entre la banca en la hipoteca, que siempre ha sido muy poco móvil y clave para retener a los mejores clientes.
