Sentada en el filo de la silla, Fátima escucha con atención. Se retuerce las manos, atusa su chilaba y esboza muecas entre la sonrisa y el nerviosismo. No termina de fiarse del periodista. Tiene miedo, pero accede a hablar si no se da su verdadero nombre. Detiene por un momento su faena como empleada doméstica ilegal en una casa de Ceuta para narrar su historia. Tiene 40 años y dos hijos (de 14 y 20 años), es de Castillejos (Marruecos) y cruza diariamente la frontera para trabajar, desde que se quedó viuda hace 5 años. Cristina Sánchez es madre soltera de dos pequeños (de 13 y 6 años), tiene 39 años y también cruza una frontera para trabajar en el servicio doméstico. Cristina es de Guardiaro (San Roque, Cádiz) y trabaja en Gibraltar. Lejos de tener miedo, Sánchez habla con decisión y desparpajo: está dada de alta como autónoma, le gusta su trabajo y quiere crecer como empresa. Fátima y Cristina no se conocen y puede que nunca lo hagan. Con un Estrecho de apenas 14,3 kilómetros de separación, son la cara y la cruz del empleo que generan las desiguales fronteras de Marruecos-España en Ceuta y España-Reino Unido en Gibraltar, bajo cuyo peso trabajan aproximadamente 42.000 personas.
