Bruselas y Roma siguen separadas por un abismo. El nuevo Gobierno italiano está cada día más cerca de tomar posesión con unos planes de futuro que incluyen un fuerte incremento del gasto público, con una renta básica universal y una importante bajada de impuestos entre sus promesas más celebradas entre su electorado, y más preocupantes para las cancillerías europeas y los mercados. Mientras, la Comisión Europea opta de momento ignorar el banquete que prepara la naciente coalición antiestablishment, y a la espera de un improbable giro prágmatico del próximo inquilino del palacio Chigi, solo reaccionará ante hechos consumados, no ante palabras. Este miércoles presentó unas recomendaciones específicas por países que dejan pocas dudas sobre lo que esperan del nuevo Ejecutivo. Cifra en tres décimas de PIB el ajuste fiscal que Italia debe acometer este mismo año (5.000 millones más o menos), y en el doble el de 2019. Un tijeretazo de unos 15.000 millones de euros en dos años, lejos del agrado del Movimiento 5 Estrellas y la Liga.
