La excepción fiscal luxemburguesa ha dañado en los últimos años la recaudación de sus socios europeos. Durante más de una década, entre 2005 y finales de 2016, la Unión Europea permitió a Luxemburgo mantener el secreto bancario y aplicar retenciones de impuestos más benévolas a las grandes fortunas. De este modo Bruselas logró sacar adelante la directiva comunitaria sobre fiscalidad del ahorro esquivando el veto del Gran Ducado. Un informe de Los Verdes europeos elaborado con datos del Banco Internacional de Pagos cifra en 353,97 millones de dólares (unos 317 millones de euros) el perjuicio que generó ese permiso especial concedido a Luxemburgo.
