Es probable que las repercusiones de las acciones del Gobierno italiano sea relativamente contenidas.
La extralimitación ejecutiva es un tema recurrente estos días. Los inversores en valores estadounidenses, que actualmente lidian con el ataque intermitente del presidente Donald Trump a la independencia de la Reserva Federal, pueden dar fe de su impacto.
La última en sumarse a la intromisión es la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que ha invocado las normas del «poder de oro» —normalmente empleadas para bloquear adquisiciones extranjeras de empresas estratégicas— para obstaculizar la oferta de 14.000 millones de euros de UniCredit por su rival más pequeño BPM. La oferta, que debía extenderse a los accionistas de BPM a partir del 28 de abril, se encuentra ahora en el limbo mientras UniCredit intenta aclarar las condiciones que ha impuesto el Gobierno.
Las preocupaciones geopolíticas en este caso no son fáciles de comprender. A pesar de contar con oficinas en todo el mundo y accionistas internacionales, UniCredit es un grupo con sede en Milán. Italia quiere el cese total de sus actividades en Rusia en un plazo de nueve meses. También quiere asegurar que la financiación siga llegando a las empresas y clientes italianos, buscando la promesa de que UniCredit no reducirá la ratio préstamos/depósitos de BPM ni la suya propia durante cinco años.
Finalmente, Anima, la gestora de activos adquirida recientemente por BPM, no puede vender sus valores italianos. A menos que los clientes de Anima sean entusiastas inversores alcistas en Italia, presumiblemente deberían prepararse para la caminata.
Es de suponer que Meloni tiene claro que tal coacción no beneficia precisamente a los mercados de capitales italianos. Por lo tanto, el verdadero objetivo de la primera ministra es objeto de mucha especulación. Andrea Orcel, el codicioso CEO de UniCredit, frustró los planes del Gobierno de fusionar BPM con el banco toscano Monte dei Paschi di Siena para crear un tercer gran grupo bancario. Pero, teniendo en cuenta que MPS persigue a una nueva presa, Mediobanca, esa opción ya no está sobre la mesa. Si no se fusiona con UniCredit, BPM seguiría siendo una entidad de crédito de pequeña escala con un importante accionista francés en la figura de Crédit Agricole.
Otra posibilidad es que Meloni esté intentando presionar a UniCredit para que ayude a los inversores locales respaldados por el Gobierno a hacerse con el control de la aseguradora Generali, en el centro de una disputa entre accionistas. El voto que ejerza el banco con su participación del 5% en la Junta General Anual de Generali de este jueves dará pistas sobre si presentará batalla o inclinará la cabeza.
Por desagradable que todo esto resulte para los defensores del libre mercado, es probable que sus repercusiones sean relativamente contenidas. Para empezar, la influencia del Gobierno en sectores estratégicos no es algo nuevo, aunque suele ejercerse con una combinación de sonrisas, ceños fruncidos y cejas levantadas. Y si bien el aumento de la incertidumbre debería, por derecho propio, elevar el coste del capital para las empresas italianas, todo es relativo. La intromisión de Meloni, por desgracia, es acorde con los tiempos.
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