Hay varios frentes abiertos y el Gobierno explora “todas las posibles colaboraciones público-privadas para aumentar el esfuerzo inversor”. Pero no es un camino fácil ni seguro. El último desafío ha estallado esta semana en el Congreso de los Diputados: son los 1.000 kilómetros de peajes cuyas concesiones vencerán próximamente y que incluyen la AP-1 entre Burgos y Armiñán, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz o la AP-7 en varios tramos, como Tarragona y Valencia, Valencia y Alicante o Barcelona y Tarragona. “El Gobierno tiene que tomar una decisión sobre cuál quiere que sea el modelo de gestión de las autopistas en nuestro país. Hemos retomado el diálogo con el PSOE para intentar cerrar un acuerdo sobre infraestructuras. Es un tema lo suficientemente importante para que, al menos, los principales partidos nos pongamos de acuerdo”, cree el ministro.
