Al inicio de 2016 se vislumbraba una cierta recuperación de la inversión de las Administraciones, una rúbrica que incluye desde las infraestructuras hasta el I+D, pasando por inversiones en educación, sanidad, defensa, servicios de la policía o desarrollo de la vivienda. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy había elaborado unas cuentas poco realistas, condicionadas por el panorama electoral y que no contemplaban el esfuerzo de austeridad que aún quedaba por hacer. Forzado por Bruselas, en 2016 tuvo que poner en marcha dos ajustes: uno en abril con un acuerdo de no disponibilidad. Y otro cuando adelantó a agosto el cierre de todos los gastos no esenciales. Entre los dos tijeretazos se recortaron unos 5.000 millones de euros. Y el grueso del tajo se centró otra vez en la inversión pública. Como resultado, en 2016 el porcentaje que realmente se ejecutó respecto a lo presupuestado fue muy bajo. En Agricultura, Fomento o I+D se gastó prácticamente la mitad de lo planeado. El desembolso en carreteras se colocó en cotas de los años ochenta. Como la compra de un aparato no se contabiliza hasta que no se ha entregado, en Defensa se llegó al extremo de dejar en los hangares Eurofighters pagados y sin estrenar para que no computasen en el déficit público. Y todo ello hizo que en 2016 la inversión pública acabase en el 1,9%, una cifra que el Banco de España señala como un mínimo de los últimos 50 años.
