Asturias, Aragón y Cataluña podrán seguir manteniendo su impuesto a las grandes superficies, aunque esta última comunidad deberá reformarlo para cumplir con las normas europeas. El gravamen, concebido para que este tipo de comercios paguen una cantidad extra por el impacto medioambiental y urbanístico que generan, había sido denunciado ante los tribunales por la Anged, la patronal de grandes empresas de distribución. Este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE, consultada al respecto por el Supremo español, ha estimado que la tasa es legal.
