Estos días ha tenido un destacado eco en los medios de comunicación la modificación, por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, de la Ley de enjuiciamiento civil para agilizar el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente. Es lógico que sea así. España ha vivido en los últimos años un importante problema por la proliferación de conductas antijurídicas de ocupación de viviendas ajenas. Y detrás de dichas ocupaciones existen en muchos casos movimientos o actuaciones perfectamente organizadas.
