La PRA y la FCA reculan también en su propuesta de publicar el nombre de las empresas que investigan antes de conocer las conclusiones.
La tendencia desatada por la Administración de Donald Trump en EEUU de dar marcha atrás en políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) —entre otras— llega a la City de Londres, donde tanto la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, por sus siglas en inglés) como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) han explicado hoy que no impondrán objetivos de este tipo. Además, abandonan sus planes de dar a conocer el nombre de empresas investigadas antes de saber las conclusiones.
En ambos casos, los dos reguladores aducen la falta de apoyo del sector (un eufemismo para referirse a la fuerte oposición que habían despertado ambas propuestas), al coste económico y al incremento de la burocracia que habría supuesto en un contexto en el que el Gobierno británico ha exigido a los diferentes organismos que traten de aligerar las diferentes normativa con el objetivo de impulsar la economía.
«Seguimos pensando que una atención adecuada en diversidad e inclusión en la cultura de las firmas que regulamos puede mejorar la gobernanza interna, la gestión del riesgo y la toma de decisiones», apunta la Autoridad de Regulación Prudencial, que justifica su «intención de no volver al asunto» en las «importantes reservas» escuchadas en la etapa de consultas y en la necesidad de «evitar la duplicación y los costes innecesarios» a la vista de la agenda legislativa que existe en el país en materia de planes de acción de género e informes sobre la brecha de remuneración por discapacidad y raza. La PRA está adscrita al Banco de Inglaterra y supervisa unas 1.500 entidades financieras, incluidos bancos y aseguradoras.
Evitar nuevas cargas
Respecto a los planes conocidos en la jerga de la City como name and shame, el máximo responsable de la Autoridad de Conducta Financiera, Nikhil Rathi, se ha referido al «amplio abanico de respuestas recibidas, a los desarrollos legislativos esperados y a evitar nuevas cargas en estos momentos» para explicar que tanto su organismo como la PRA «no tienen intención de llevarlos adelante». La FCA, con competencias sobre unas 50.000 firmas del sector financiero británico, impuso multas en 2024 por 176 millones de libras (209 millones de euros).
La medida, que finalmente no verá la luz, perseguía que las compañías relacionadas con el sector financiero fueran más proactivas para evitar ciertas conductas, pero habría supuesto señalar a las empresas como posibles autoras de malas prácticas sin haber concluido la investigación. «Seguiremos publicando [investigaciones sobre firmas reguladas] en circunstancias excepcionales, como hasta ahora», afirma Rathi.