Julián Núñez, presidente de la patronal de las constructoras y concesionarias Seopan, ha criticado con dureza la decisión del Gobierno de ir liberando las autopistas de los peajes según venza su concesión. Durante su participación en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, organizado por la APIE y patrocinado por el BBVA, Núñez afirmó que solo el impacto para el Estado de quitar el peaje de la AP-1 en el tramo Burgos-Armiñón, tal y como ha anunciado el Gobierno, “será de 30 millones anuales, entre los 24 millones de ingresos fiscales [que el Estado dejaría de ingresar] y seis millones que supone el coste del mantenimiento». Y ha añadido: «Estos 84 kilómetros de carretera los utilizan unos 20.000 vehículos al día, de los cuales el 17% son pesados, y gran parte del tráfico es de extranjeros, que llegan al 50% en los meses de verano”. Abertis es la concesionaria de este tramo y Núñez vaticinó que lo primero que pasará será que “habrá despidos de trabajadores”.
