La principal investigada en la trama de la presunta estafa a establecimientos hoteleros mediante reclamaciones falsas por intoxicaciones alimentarias admite que recopilaban los nombres y números de teléfono de turistas británicos que pasaban sus vacaciones en Mallorca y luego los vendían a empresas especializadas en reclamaciones y marketing de Reino Unido. Sin embargo, niega en el juzgado que ella o sus empleados fueran los que intentaran convencer a los viajeros para que pidieran indemnizaciones a los establecimientos inventándose enfermedades.
