La Inspección de la Seguridad Social ha detectado una gran bolsa de fraude entre las empresas que prestan los servicios de rehabilitación y logopedia en la sanidad pública catalana. El organismo exige a las tres primeras empresas cuya inspección ya ha cerrado —hay media docena más aún abiertas— más de ocho millones de euros en cotizaciones no pagadas y la regularización de unos 300 fisioterapeutas, médicos rehabilitadores y logopedas.
