Teresa Sarmiento tiene 68 años. Chilena llegada a España en 1988 y nacionalizada dos años después, vive en un piso en el barrio de Lavapiés desde hace 19 años. El próximo 1 de junio, si nadie lo remedia, deberá abandonar su hogar o se arriesga a ser desahuciada. En enero, la empresa que ahora es dueña de su edificio le expresó por burofax su “voluntad de no proceder a la renovación” del contrato de alquiler, que vence ese día. Según cuenta, hasta enero pagaba 310 euros al mes por su casa, una cifra que se iba actualizando año a año con el IPC. En el documento le informaban, además, que la renta pasaba a ser de 335,18. Entonces dejó de pagar la renta. En marzo le llegó otro burofax en el que le apremiaban a pagar los dos meses de alquiler y le reiteraban la fecha de salida. No ha habido llamadas ni ningún otro tipo de comunicación con la propiedad, ni le han dado opción de firmar un contrato por otra cantidad. Tampoco ha recibido ninguna notificación judicial, de momento.
