Las difíciles negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para dar forma a la futura Ley estatal de vivienda giran en torno a ejes como la limitación de los precios del alquiler, la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables o la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible, principalmente la de grandes propietarios. Ayer mismo, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, afirmó en este sentido que si los grandes tenedores destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social “podríamos aumentar el parque público en unos 140.000 o 150.000 inmuebles”. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), sin embargo, vienen argumentando que la falta de información oficial respecto a la vivienda vacía hace casi imposible cuantificar el impacto que tendrían medidas de este tipo.
