A la espera de que el Gobierno pueda legislar el concepto de vivienda vacía con criterios comunes en todo el país a través de la futura ley estatal de vivienda, varias comunidades autónomas están llevando a cabo diferentes iniciativas con las que movilizar estos inmuebles hacia el arrendamiento a fin de oxigenar un mercado que la crisis sanitaria y económica del coronavirus ha terminado de colapsar. Conviene recordar, antes de nada, el barullo normativo que existe en torno a esta cuestión, con regiones punteras que definen, censan y legislan sobre su parque vacío y otras que tienen este asunto por ahora en segundo o tercer plano.
