Dos sentencias del Tribunal Constitucional declararon ilegal la gestión de sendas ayudas extraordinarias a parados aprobadas en la crisis. Estos dos fallos y la iniciativa legislativa popular de los sindicatos para crear una renta para todos los parados sin ingresos forzaron al Gobierno a mover ficha a la vuelta del verano. Se comprometió a presentar una reordenación de las ayudas antes de que acabaran esos dos programas: Programa de Activación para el Empleo (PAE) y Prepara. En esa reestructuración también estaría incluida la otra ayuda de último recurso para desempleados, la Renta Activa de Inserción (RAI).
