Expertos jurídicos que han visto los documentos internos del Banco Popular, en el proceso de venta tras la liquidación, calculan que las demandas de los clientes podrían superar los 1.500 millones. La intervención del banco supuso la amortización de las acciones, lo que significó poner a cero su valor, así como lo emitido en bonos contingentes convertibles (denominados cocos en argot financiero) y en deuda subordinada.
