Decenas de compañías catalanas han aprobado ya en sus consejos el traslado de la sede social a otra comunidad autónoma ante el contexto de inestabilidad política que atraviesa Cataluña. Sin embargo, algunas han decidido llevarse también el domicilio fiscal ante la posibilidad de que, si finalmente se producía una declaración de independencia —que finalmente quedó en suspenso—, la Hacienda catalana les pudiera reclamar tributos estatales como el de Sociedades. Eso les dejaría en una delicada situación: tendrían que abonarlo dos veces o elegir entre una Administración u otra.
