El Ejecutivo ya tenía lista en 2015 la transposición de la directiva europea que acaba con los procedimientos negociados sin publicidad, una vía de contratación de la que se abusa en las Administraciones por pura comodidad pero que tramas corruptas como la Gürtel aprovechaban para trocear contratos y burlar controles. La UE había censurado a España por la falta de publicidad de sus contratos. Y el Gobierno reaccionó suprimiendo en el proyecto de ley este procedimiento, muchas veces generalizado con el único propósito de sortear la burocracia.
