Registros obligatorios de viviendas para turistas; multas de hasta 500.000 si no se da de alta el piso; impuestos que gravan al visitante, tanto si duerme en un hotel o en Airbnb… Ciudades como París, Berlín o Nueva York avanzan, con matices y acentos propios, en la misma dirección. Además, 12 ciudades europeas (entre ellas, Madrid y Barcelona) lanzaron el 5 de julio una iniciativa ante la Comisión Europea para hacer valer su posición frente a las plataformas de alquiler vacacional.
