La estrategia inspectora de la Agencia Tributaria recibió recientemente un sonado varapalo por parte del Tribunal Supremo que le impidió registrar domicilios o empresas “para ver qué se encuentra”, sin justificar pormenorizadamente al juez por qué debe autorizar este paso. Mientras que el fisco reclama una nueva regulación que clarifique en qué supuestos está autorizado a hacerlo, y que permita el registro sin necesidad de avisar al contribuyente de que está sujeto a una inspección para evitar la destrucción de pruebas, a Hacienda se le ha abierto un nuevo frente judicial en torno a la inspección de cajas de seguridad.
