El pasado miércoles la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció en el Congreso que va a desarrollar el mandato de la reforma de pensiones de 2011, la que retrasaba la edad legal de jubilación hasta los 67 años, que obliga a subir las pensiones de viudedad a un parte del colectivo. Lo hizo como respuesta a una pregunta de la diputada socialista, Carmen Cuello, que anunció una iniciativa parlamentaria de su grupo para que se aplicara cuanto antes. Al día siguiente, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, informó verbalmente a los agentes sociales (sindicatos y empresarios) del coste de una medida que tendría que haberse implantado gradualmente desde 2012: 1.300 millones.
