El Gobierno de Baleares inició esta semana el trámite para expropiar el uso de 56 viviendas de grandes propietarios para dedicarlas al alquiler asequible durante siete años, con unas rentas que no podrán superar el 30% de los ingresos de los nuevos inquilinos. Este movimiento, con un coste de 1,8 millones de euros, queda pendiente de la reacción de los bancos y sociedades inmobiliarias propietarios, que pueden recurrir la decisión del Govern. Pero también sienta un precedente para que, en un contexto de crisis habitacional, el resto de regiones que permiten la expropiación forzosa en sus legislaciones autonómicas sigan los pasos del Ejecutivo socialista de Francina Armengol.
